La provincia, a través de la Secretaría de Trabajo, participó de un encuentro realizado por videoconferencia junto a autoridades laborales de distintas jurisdicciones del país, donde se firmó una Carta de Intención para reafirmar las competencias provinciales de inspección y fiscalización frente a una iniciativa nacional que propone centralizar el registro laboral en un organismo tributario.
La reunión fue encabezada por el secretario de Trabajo de La Pampa y presidente del Consejo Federal del Trabajo, Roberto Pedehontáa, participaron del mismo el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa,acompañado por la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y el asesor ministerial Gustavo Mariani y se desarrolló en la Casa de la Provincia de La Pampa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participaron de manera virtual la secretaria de Trabajo provincial, Julia Comán; la ministra de Trabajo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; la secretaria de Trabajo de La Rioja, Miriam Espinosa; el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Valdez; y la autoridad laboral de Misiones, Silvana Giménez.
El documento se elaboró como respuesta al proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo artículo 20 plantea centralizar la registración laboral en un organismo nacional. Las provincias señalaron que esa medida podría desplazar sus funciones constitucionales de control, afectando herramientas esenciales para garantizar condiciones de trabajo adecuadas y la efectiva verificación de los derechos laborales.
Asimismo, remarcaron que la registración y la documentación respaldatoria constituyen la base de la transparencia en la relación laboral y permiten inspecciones eficaces, algo que podría verse debilitado por un esquema centralizado que no contempla las particularidades productivas de cada región.
A través de la Carta de Intención, las siete jurisdicciones acordaron avanzar en normas propias, implementar sistemas digitales de rúbrica y registros obligatorios, y coordinar acciones conjuntas para sostener sus competencias. También dejaron abierta la posibilidad de impulsar medidas legislativas y judiciales si la centralización se concreta, mientras continúan trabajando en una agenda común para fortalecer el control laboral en sus territorios.
