En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y presidida por el titular de dicha cartera, Dr. Ricardo Daniel Daives, se concretó la ceremonia de suscripción del primer protocolo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, la Secretaría de Trabajo provincial y la Policía santiagueña (División Trata de Personas) y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Subnaf).

La firma estuvo a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos; el secretario de Seguridad de la provincia, Crio. Gral (R) Marcelo Pato; la secretaria de Trabajo de la Provincia, Aída Ruiz; y la titular de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Claudia Juárez.

Cada uno a su turno, los funcionarios públicos pusieron en valor el camino recorrido desde la implementación de diferentes Registros de Trabajadores Migrantes, Reclutadores y Empresas, hasta la instancia presente, en la que el Gobierno de la Provincia ha diseñado este régimen de inspecciones que se formalizó de modo de optimizar los niveles de efectiva prevención y erradicación del trabajo infantil. En ese sentido señalaron que “las relaciones de poder fueron marcando el perfil de la calidad de vida de diferentes sectores sociales y del segmento constituido por niñas, niños y adolescentes sometidos a trabajo infantil, mediante la vulneración de sus derechos fundamentales”. En ese sentido, sostuvieron “el presente protocolo constituye una herramienta para contrarrestar y, mediante un trabajo sostenido en el tiempo, reducir el proceso de degradación en el desarrollo físico, psíquico y social de ese colectivo indeterminado”.

La intervención de la División Trata de Personas de la Policía de la provincia, dijo Daives, “resume una estrategia orientada a posibilitar el logro de los objetivos institucionales en este sentido, articulando un trabajo coordinado y multidisciplinario”, compartiendo lo expresado por la titular de la Secretaría de Trabajo, en el sentido de que “el trabajo infantil, el trabajo no registrado, el subempleo y la informalidad excesiva en el ámbito rural deja sin resguardo alguno al peón rural”.

Estas instancias, coincidieron “aparecen contrarias a los valores relacionados con los derechos laborales de todo el conjunto productivo provincial en general y, en particular, atentatorio de los principios constitucionales y de construcción de ciudadanía que promueve el gobierno de la provincia en sus políticas de promoción humana, desarrollo sustentable y fortalecimiento internacional”.

Objetivos generales del protocolo

1.- La prevención de situaciones de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del territorio provincial, sea que su origen fuere local, o sea que formare parte de una actividad ilícita ligada o conectada a actividades ilícitas y/o vulneraciones de derechos, fuera del ámbito del territorio provincial.

2.- La formalización de diligencias y procedimientos conjuntos de inspección, con participación coordinada, específica y registrada de modo fehaciente de los diferentes actores suscriptores del protocolo y movilizadores legitimados para la eventual intervención de órganos competentes, administrativos, judiciales y/o del Ministerio Público Fiscal, que permitan asegurar la protección de los derechos y garantías constitucionales violentadas.